No resulta difícil percibir que la calidad de los dirigentes políticos en España ha sufrido un deterioro lento, pero intenso, durante las últimas décadas. “Cada país tiene los gobernantes que merece”, afirman algunos, señalando a los ciudadanos como responsables últimos del poco edificante espectáculo ofrecido por nuestra clase política. Según esta tesis, serían los votantes quienes, de forma deliberada y contumaz, encomendarían la responsabilidad de una gestión pública, cada vez más compleja, a unos políticos poco capaces, de honradez dudosa o inclinados a favorecer sus propios intereses.
Sin embargo, la escasa cualificación u honradez de los dirigentes no suele deberse a una supuesta ceguera o ignorancia de los votantes sino a un inadecuado diseño de algunos aspectos del sistema político. El voto es necesario para garantizar buenos gobiernos pero resulta insuficiente si los incentivos para dedicarse a la política no son los correctos, los mecanismos de selección de los políticos son perversos y los electores no pueden discriminar con su voto las cualidades de cada candidato. Y, en España, estos procesos de selección e incentivos son manifiestamente mejorables, dando lugar a una peculiar “ley de Gresham”: los malos políticos tienden a expulsar de la circulación a los buenos.
Es posible clasificar en tres categorías los atractivos que ejerce la actividad política sobre los sujetos: el salario, los ingresos poco justificables y las ganancias psicológicas (fama, prestigio, poder, posibilidad de servir al país etc.) ¿Cómo afectan estos elementos a los distintos tipos de individuos? La dedicación a la política supone una importante pérdida salarial para las personas altamente cualificadas pero, con mucha frecuencia, una sustancial ganancia neta para los poco formados. También, por razones obvias, la actividad pública puede proporcionar unos enormes ingresos pero sólo a los sujetos con una honradez mejorable. Por tanto, para las personas de acreditada valía y contrastada integridad, la política tan sólo ejerce el atractivo del prestigio y la satisfacción de servir a los ciudadanos, a costa de una pérdida material. Y, dado que este prestigio se va reduciendo según se generalizan los políticos ignorantes o corruptos, la proclividad de los individuos honrados y profesionalmente competentes a dedicarse a la actividad pública no sólo es pequeña, sino que disminuye con el tiempo, contribuyendo a una progresiva degradación de la clase política.
Los partidos realizan una segunda selección asignando cargos y puestos entre sus afiliados. La propia estructura de los partidos, y el sistema de listas cerradas, conduce a que los criterios para obtener un puesto, o ser incluido en una lista electoral, no sean necesariamente la valía personal o profesional, sino otros como la lealtad al líder. El político individual se convierte, así, en un engranaje de la maquinaria del partido y puede permanecer años en un parlamento o en un ayuntamiento, callado, aplaudiendo al propio y abucheando al contrario (con independencia de lo que diga cada uno), limitándose a votar lo que diga el jefe de grupo. Es muy difícil que una mente independiente, íntegra, con criterio propio y altitud de miras pueda soportar mucho tiempo algo así. Además, la enorme proliferación de cargos de libre designación en las diversas administraciones crea un efecto llamada a personas con características negativas pues perciben que, tarde o temprano, conseguirán alguno de los puestos. Por otro lado, la opacidad y las prácticas heterodoxas en la financiación de los partidos políticos españoles permiten a los corruptos pasar más desapercibidos en un ambiente de río revuelto.
En algunos países, el parlamento es verdaderamente independiente del ejecutivo y ejerce un efectivo control de calidad en el proceso de ratificación de los cargos. En España, por el contrario, la disciplina de voto de los diputados determina su subordinación a las cúpulas de los partidos: los diputados votan siempre a los candidatos que propone su partido, con independencia de su cualificación o reputación. Por tanto, la ausencia de una efectiva separación de poderes impide que el parlamento pueda ejercer esta función de control de la calidad y adecuación de los cantidatos al puesto que van a ocupar.
El mecanismo del voto puede permitir al ciudadano discriminar entre personas, eligiendo para representarle y gestionar lo público a aquellas que considera son más capaces y honradas, compensando así el fuerte atractivo que la política ejerce sobre individuos con perfiles dudosos. Por desgracia, en España el sistema de listas cerradas no permite al elector discriminar las cualidades de cada candidato individual ya que se ve obligado a votar un paquete elaborado por los partidos.
Todo este proceso contribuye a la creación de una casta de políticos profesionales, personas que, en palabras de Max Weber, no viven “para” sino “de” la política y difícilmente comparten valores, intereses y visión del mundo con los electores a los que, teóricamente, representan. Su inclinación por políticas absurdas o contraproducentes no sólo se debe a ignorancia y desconocimiento sino también a la necesidad de adoptar cualquier medida que favorezca su permanencia en el poder, ya que la ocupación de cargos públicos constituye su mejor (cuando no su única) opción profesional.
La banalización de la política, la repetición machacona de discursos huecos con frases pretendidamente ingeniosas, la primacía del corto plazo (o las meras ocurrencias) a la hora de tomar las decisiones o la preponderancia de la pura imagen sobre los argumentos y razonamientos, son algunas señales de la degradación a que nos lleva tan inadecuado diseño. Resulta una triste paradoja el hecho de tener unos puestos públicos muy mal remunerados para la responsabilidad que representan pero con un sueldo demasiado elevado para la competencia y actitud de muchas personas que los ocupan. Todavía quedan algunos políticos capaces y honrados pero parecen constituir ya una especie en vías de extinción.
Dado que somos los ciudadanos quienes pagamos muy caro las consecuencias de las malas políticas, es urgente impulsar las reformas necesarias para garantizar que las decisiones públicas sean tomadas por personas adecuadas. Para ello, es necesario revertir los incentivos y cambiar el sentido de la selección, reduciendo drásticamente el número de cargos políticos, mejorando la remuneración en los puestos de gran responsabilidad pero, al mismo tiempo, estableciendo mecanismos que garanticen que los destinos sean ocupados por personas con una preparación y actitud adecuadas. Resulta imprescindible la ratificación de los nombramientos por un parlamento verdaderamente independiente (siguiendo el modelo de los EEUU), la generalización de elecciones primarias limpias dentro de los partidos y una reforma del sistema electoral, que obligue a los candidatos a someterse individualmente al escrutinio de los votantes y fomente la autonomía del político individual.
Cierto, son cambios profundos que requieren una reforma constitucional. Pero el esfuerzo nunca es excesivo cuando hay tanto por ganar en el terreno de lo material, en el plano de lo ético y, también mucho, en la esfera de lo estético.
_________________________________________________________
| Suscribirte a La Tercera Ola |
| Correo electrónico: |
| Consultar este grupo |
